A partir del 29 de junio, una nueva ley en España entrará en vigor para combatir el molesto fenómeno del ‘spam telefónico’. Esta práctica comercial, que ha causado molestias y frustración a muchos usuarios, finalmente será regulada por la Ley General de Telecomunicaciones. Mientras que los consumidores celebran esta medida, los teleoperadores expresan inquietudes sobre su estabilidad laboral y la posibilidad de despidos. Exploraremos los detalles de la ley, sus implicaciones y las perspectivas de ambas partes involucradas.
Protección para los usuarios y supervisión rigurosa
La nueva normativa prohíbe específicamente las llamadas comerciales no deseadas a clientes que no han dado su consentimiento previo. Esta medida busca salvaguardar los derechos de los usuarios, ya sea en sus teléfonos fijos o móviles. Para garantizar el cumplimiento de la ley, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) supervisará de cerca esta práctica y estará facultada para iniciar expedientes sancionadores contra las empresas infractoras. Las multas impuestas podrían alcanzar hasta los 20 millones de euros en los casos más graves.
¿Qué sucederá con los teleoperadores?
La entrada en vigor de esta normativa ha planteado preocupaciones entre los teleoperadores en España. Algunos temen que esta medida pueda afectar negativamente su estabilidad laboral y, en última instancia, conducir a despidos. Sin embargo, el director general de la patronal tecnológica DigitalES, Víctor Calvo-Soltelo, ha asegurado que no se espera una reducción de personal como resultado de esta ley. Calvo-Soltelo destaca que esta normativa brinda «mejores garantías al consumidor» y señala que los operadores ya se imponen estándares de calidad para proteger los derechos de los usuarios.
Postura de las empresas de telecomunicaciones
Empresas como Telefónica, reconocidas por realizar llamadas comerciales, han mostrado una postura positiva hacia esta nueva normativa. Afirman que siempre han sido «enormemente respetuosos» en lo que respecta a las prácticas de llamadas comerciales y la protección de los datos de los clientes. Respaldan la necesidad de cumplir con los códigos deontológicos establecidos, incluyendo horarios adecuados y respeto a las preferencias de los usuarios.
Implicaciones y sanciones
La AEPD asumirá un papel crucial en el cumplimiento de esta ley a partir del 29 de junio. Tendrá la autoridad para llevar a cabo inspecciones de oficio y garantizar el cumplimiento por parte de las empresas. Las infracciones a la normativa se clasifican en dos categorías: leves, con multas de hasta 100.000 euros, y graves o muy graves, que pueden llegar a sanciones económicas de hasta 20 millones de euros para las empresas infractoras.
¿Qué pueden hacer los usuarios afectados?
Aquellos usuarios que sigan recibiendo llamadas no deseadas a partir de la entrada en vigor de esta prohibición podrán denunciar el ‘spam telefónico’ a la AEPD. La agencia estará encargada de investigar las denuncias y tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.